El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega afirmó que su gobierno no permitirá procesos electorales que puedan llevar a la oposición al poder, una declaración que ha generado nuevas preocupaciones sobre el futuro de la alternancia política y el funcionamiento democrático del país.
Durante un acto oficial por la conmemoración del aniversario de la Revolución Sandinista, Ortega aseguró que en Nicaragua “no volverán a haber elecciones” para que sectores opositores intenten asumir el control del Estado. Sus palabras fueron interpretadas por opositores y organismos internacionales como una señal de mayor cierre de los espacios de competencia política.
Daniel Ortega regresó a la Presidencia de Nicaragua en 2007 y desde entonces se ha mantenido como la principal figura política del país. Durante este periodo, organizaciones opositoras y organismos internacionales han denunciado cambios en el sistema institucional, restricciones a la participación política y falta de condiciones electorales equitativas.
Desde 2017, Ortega ha gobernado junto a Rosario Murillo, quien primero ocupó la Vicepresidencia y posteriormente asumió la figura de copresidenta tras una reforma constitucional aprobada en 2025.
Estos cambios han modificado la estructura del poder en Nicaragua, aumentando la influencia del Ejecutivo sobre las instituciones del Estado.
Reformas constitucionales que ampliaron el poder del Ejecutivo
La reforma constitucional aprobada en 2025 introdujo cambios importantes en el modelo político nicaragüense. Entre ellos se encuentran la creación de la figura de copresidencia, la ampliación del periodo presidencial y nuevas atribuciones para el Ejecutivo en la coordinación de los órganos estatales.
El gobierno de Ortega sostiene que estas modificaciones buscan fortalecer la organización del Estado y garantizar la soberanía nacional. Sin embargo, sus críticos señalan que los cambios reducen los controles institucionales y concentran mayor poder en la Presidencia.
Además, la reforma generó cuestionamientos internacionales por disposiciones relacionadas con los derechos políticos y ciudadanos.
Reacciones de la comunidad internacional
Las declaraciones de Ortega y los cambios constitucionales han provocado críticas de distintos actores internacionales.
Organismos como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Organización de Estados Americanos (OEA) han expresado preocupación por la situación institucional y los derechos políticos en Nicaragua.
Estados Unidos y otros gobiernos también han cuestionado las reformas, señalando que la concentración del poder y las restricciones a la oposición afectan las condiciones para la realización de elecciones libres y competitivas.
