El Tribunal Superior Administrativo (TSA) puso fin a los contratos de concesión minera suscritos entre el Estado dominicano y Falconbridge Dominicana, S.A. (Falcondo) para la explotación de Quisqueya I, una concesión de 22,392 hectáreas ubicada entre las provincias La Vega y Monseñor Nouel.
La decisión fue adoptada por la Segunda Sala del TSA mediante la sentencia núm. 0030-03-2026-SSEN-00332, del 12 de agosto de 2026, y deja sin efecto los contratos firmados el 24 de diciembre de 1956 y el 26 de septiembre de 1969, con lo que concluye una relación contractual de casi siete décadas.
El proceso fue iniciado en julio de 2025 por el Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (FONPER), en representación del Estado dominicano, luego de que se determinaran presuntos incumplimientos de Falcondo relacionados con la explotación de los yacimientos, obligaciones económicas y laborales y la entrega de informes exigidos por la legislación minera.
Entre los elementos valorados por el tribunal estuvo la paralización de las operaciones productivas de Quisqueya I desde el 17 de noviembre de 2023, según una certificación de la Dirección General de Minería.
El TSA también tomó en cuenta que la empresa no había presentado los informes semestrales de progreso correspondientes a 2023, 2024 y 2025, ni los informes anuales de operaciones de 2023 y 2024.
Para el tribunal, estas faltas comprometen obligaciones esenciales de la concesión, particularmente la explotación efectiva de los recursos mineros otorgados por el Estado y el deber de mantener informadas a las autoridades sobre el desarrollo de las operaciones.
La Segunda Sala consideró, además, que la prolongada inactividad tenía repercusiones sobre el interés general asociado al aprovechamiento de los recursos minerales del país, por lo que entendió que los incumplimientos acreditados tenían la gravedad suficiente para justificar la terminación de los contratos.
El tribunal también rechazó los planteamientos de las empresas recurridas que buscaban que la acción presentada por el Estado fuera declarada inadmisible.
Tras el cese de actividades en noviembre de 2023, la empresa pasó a una etapa de cuidado y mantenimiento. En 2024 fueron desvinculados más de 900 trabajadores, quienes recibieron sus prestaciones laborales mediante la intervención del FONPER.
A estos se sumó otro grupo de exempleados cuyos contratos fueron terminados en marzo de 2026 y que mantiene reclamaciones laborales que, de acuerdo con sus representantes, rondan los RD$300 millones.
La actividad de Falcondo llegó a generar más de 1,000 empleos directos, mientras que contratistas, suplidores y otras actividades vinculadas a la operación minera extendían su impacto económico a miles de personas en Monseñor Nouel.
También permanecen pendientes obligaciones reclamadas por más de un centenar de empresas contratistas y suplidoras de la zona, cuyos acreedores han estimado el monto en más de US$100 millones.
La terminación de las concesiones por parte del TSA no pone fin al proceso de reestructuración mercantil de Falcondo, que continúa por una vía independiente bajo la Ley núm. 141-15 de Reestructuración y Liquidación de Empresas y Personas Físicas Comerciantes.
Ese procedimiento fue iniciado a solicitud de acreedores que buscan que la compañía responda por sus obligaciones y pasivos pendientes, por lo que deberá continuar ante la jurisdicción correspondiente.
En el proceso administrativo que terminó con la sentencia del TSA, el Estado dominicano estuvo representado por FONPER, con la asistencia legal de los abogados Eric Raful Pérez y Lilia Fernández León, de la firma León & Raful.
