El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, aseguró este miércoles que se va «a llegar hasta el final» para saber las causas del accidente ferroviario que se ha cobrado la vida de al menos 68 personas.
Sánchez hizo estas declaraciones desde Urda (Toledo), el lugar del siniestro, donde, además de anunciar que el Gobierno va a decretar tres días de luto oficial, afirmó que «no es asumible para un país como España» sufrir dos accidentes en la línea ferroviaria de alta velocidad en un mismo año, en referencia al de Adamuz (Córdoba, sur), ocurrido el pasado enero y que dejó un saldo de 46 fallecidos y más de 120 heridos.
En este sentido, dijo que «se tomarán todas las medidas que se consideren oportunas» y «con total contundencia» para «reconstruir» la confianza en el sistema ferroviario español y garantizar «aún más» la seguridad de los viajeros.
Por su parte, el presidente de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, informó de que los servicios de emergencia han confirmado el fallecimiento de 68 personas en el accidente que involucró a dos trenes, uno de alta velocidad (Ave) de Renfe y otro de Iryo.
En una declaración institucional junto a Sánchez, García-Page informó de que 24 de los fallecidos son del Ave, mientras que el resto (44) son del tren Iryo.
Esa decisión de reanudar la marcha cuando había un tren todavía parado (el Iryo) se tomó sin fijar una limitación de velocidad. «Esa es la decisión que se toma desde el centro de control y es el origen del accidente«, aseguró el ministro.
Detalló que desde Adif se piensa que la caída del LZB provocó la detención de al menos 6 trenes desde las 8.30 horas, pero que a las 8.36 horas se dio la autorización al maquinista de retomar la marcha del Ave, que recorrió unos 25 kilómetros hasta las 8.53 horas, cuando se produjo el accidente al embestir al Iryo que estaba parado en la vía.
El tren de Renfe, con 378 pasajeros, circulaba hacia la ciudad sureña de Sevilla cuando alcanzó al Iryo, con 174 personas a bordo (incluido un bebé).
Agentes de la Guardia Civil y técnicos de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) interrogan al operario del centro de control que regulaba el tráfico de la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla en el momento en el que se produjo el accidente.
